Redacción
El Gobierno y las comunidades autónomas han acordado – en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, presidido por la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat- aumentar las cuantías del nivel mínimo de protección a las personas dependientes, el único de tramo estatal, en más de un 5%, lo que supondrá un incremento de 5,6 euros mensuales de media por cada beneficiario.
La partida que recibirán las comunidades por prestación de servicios a las personas dependientes de Grado I (dependientes leves) aumentará 3,05 euros, al pasar de 44,33 a 47,38 euros; la de Grado II (dependientes moderados) sube 1,65 euros al situarse en 84,49 euros frente a los 82,84 anteriores, y la de Grado III se incrementa 12,27 euros (de 177,86 a 190,13 euros).
Uno de los avances principales de la reunión se refiere a los criterios de acreditación de los cuidadores, con el fin de evitar que el próximo 31 de diciembre quienes no cumplieran unos requisitos de formación y experiencia demostrada se quedaran en el paro. Así, se ha acordado que la habilitación excepcional, aquélla que se otorga si se demuestra una formación y horas trabajadas mínimas, no será sólo para los mayores de 55 años, como ocurría hasta ahora. También se va a conceder una provisional a las personas que a 31 de diciembre de este año no reúnan los requisitos de la excepcional, con el compromiso de que cumplan esas condiciones en 2022.
Reclamación de Asturias
La consejera de Servicios y Derechos Sociales del Principado de Asturias, Pilar Varela, ha reclamado la modificación del modelo de financiación del sistema de dependencia de forma que “continúe siendo finalista, tenga en cuenta el coste de los servicios y las prestaciones, y garantice el esfuerzo equilibrado de financiación entre el Estado y las comunidades autónomas”, en línea con las conclusiones del informe sobre la situación actual del sistema de dependencia presentado en Madrid.
La titular de Servicios Sociales ha demandado también recuperar los niveles de financiación de los niveles mínimo y acordado anteriores a los recortes de 2012, con el fin de recobrar la sostenibilidad del sistema en los territorios. Según ha señalado, el documento “reconoce expresamente que las comunidades autónomas están soportando ya más del 80% de la financiación del sistema de dependencia”.
“Estamos convencidos de que si el Estado hiciese la aportación que le corresponde al sistema, nos acercaríamos a la plena atención, con lo que esto supondría para la atención a las personas y para la creación de puestos de trabajo”, ha apuntado la consejera. Ha reclamado, además, que las modificaciones que se puedan hacer a la ley se realicen a través del Congreso y al menos con el consenso que obtuvo su aprobación.
Modificación del nivel mínimo
Por otra parte, Asturias ha rechazado la subida prevista para las comunidades por el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales para el nivel mínimo de financiación del sistema de dependencia, el tramo estatal de financiación.
“Hablamos de unas cuantías totalmente insuficientes que suponen un incremento medio del 5%, que además no se aplicarían con carácter retroactivo por lo que no comenzarían a aplicarse hasta el próximo ejercicio y que se reducen en un 5% respecto a la propuesta que salió a audiencia pública hace unas semanas, que era del 10%” , ha asegurado Varela.