Eliminar las redes de seguridad establecidas en las residencias de Asturias supone un grave error

Redacción 25-6-2020

En una reunión mantenida con representantes de la Administración autónomica, el sector residencial privado y concertado, representado por ASCEGE y AARTE, que suponen en concreto el 80% de las residencias regionales,  le ha trasladado el “peligro” que supone para las familias asturianas la retirada de las redes de seguridad establecidas por Sanidad en las residencias asturianas.

Desde el 21 de junio, según el sector, se establece la anulación de la estrategia desplegada desde Sanidad en los últimos meses, haciendo “decaer una serie de medidas que, cargadas de sentido común y prudencia, han contribuido decisivamente a frenar el virus en las residencias asturianas”. A fecha de hoy, “por fin, podemos decir que estamos libres de nuevos casos y fallecimientos. Sin embargo, esta situación se podrá ver revertida”, se lamentan en el sector,  si se procede a la “eliminación de las pruebas PCR inmediatas al ingreso en las residencias. Deben continuar siendo obligatorias y coordinadas por el sistema público de salud, para garantizar la seguridad de todos los residentes, así como establecer una correcta trazabilidad de los potenciales casos positivos que pudiesen surgir”

Además, ASCEGE y AARTE reclaman las pruebas PCR a los trabajadores sanitarios, “imprescindibles para evitar la transmisión del virus. Se desvincula el control epidemiológico del sistema público de salud, que es quien debe ejercerlo en todo momento. Asimismo reclaman la figura del interventor/coordinador sociosanitario, un “enlace básico entre la sanidad pública y las residencias que garantiza la agilidad diagnóstica y ha sido esencial para el buen desarrollo de las medidas de prevención y contención del coronavirus, así como para el propio control epidemiológico en  los centros sociosanitarios”.

Ambas asociaciones le han trasladado al gobierno de Asturias estos puntos, rogando se replanteen “con carácter urgente tan peligroso paso atrás”. La “nueva normalidad” planteada por el Principado “deja desprotegidos a los mayores al eliminar los mecanismos de prevención que lograron controlar la pandemia. No deben  olvidar que el estado de alarma ha finalizado, pero la alerta sanitaria, no”, se lamentan.

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