Redacción 5-8-2020
La Secretaría de Estado de Derechos Sociales, los consejeros y consejeras de Asuntos Sociales de las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) han acordado ayer establecer una respuesta coordinada ante el aumento de los rebrotes de la COVID-19 en las residencias, que incluye la obligación de los centros de tener planes de contingencia y una lista de verificación de que se cumplen las medidas básicas del Plan de Respuesta Temprana frente al covid-19.
Los representantes de las administraciones, que volverán a reunirse el 24 de agosto, han coincidido en que la reciente reaparición de casos de covid-19 en centros sociales residenciales refuerza la urgencia de articular esas medidas «con un mayor detalle y comunicarlas a la ciudadanía», explican.
Las residencias deberán comunicar de manera obligatoria posibles casos de covid al sistema de salud, disponer de un protocolo de actuación para la coordinación con el sistema de salud para asegurar la atención de los residentes y realizar periódicamente pruebas de diagnóstico a residentes y personal.
La actuación de las residencias deben ir encaminadas a la humanización de la atención, previendo en la planificación de la atención el mantenimiento máximo de la dignidad de la persona de acuerdo a sus decisiones y voluntades anticipadas, señala el documento sobre el que han trabajado las administraciones.
En el caso de centros de gran tamaño, «se valorará la posibilidad de llevar a cabo la sectorización de la residencia en unidades de convivencia más pequeñas como medida preventiva, reduciendo así, en lo posible, el número de contactos estrechos entre personal y residentes».
Fuentes de la FEMP han explicado que representantes de las tres administraciones salvo que la situación actual de los rebrotes de covid «exijan una anticipación de escenarios».