El Principado pagará parte de las PCR a los trabajadores de las residencias privadas

Redacción 27-8-2020

El Gobierno de Asturias colaborará con las residencias privadas de personas mayores que así lo demanden, en la realización de pruebas PCR a profesionales, a través del Servicio de Salud del Principado (Sespa). La portavoz del Ejecutivo autonómico y consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, se reunió con representantes de las asociaciones Ascege, Aarte, Lares y Argas, con la intención de éstas de lograr del Gobierno regional la financiación de las pruebas PCR a sus plantillas.

En el encuentro participaron también las gerentes del Sespa y del organismo Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA), Concepción Saavedra y Ana Suárez Guerra, respectivamente.

“Aunque el marco legal dice que los titulares de cada centro deben hacerse cargo de ese coste, el Gobierno del Principado ha entendido el esfuerzo que están haciendo, por lo que colaboraremos con las residencias que lo necesiten”, anunció Melania Álvarez.

Esa colaboración se traduce en que será el Servicio de Salud del Principado (Sespa) el que haga esas pruebas, con lo que la factura bajará de los 150 euros  a los 72,80 euros por PCR, que deben desembolsar cada vez que un trabajador vuelve de unas vacaciones y también una vez al mes.

 “Imposible” de asumir

La propuesta de la consejería deja en el aire cómo se financiarán estas pruebas a los empleados. Desde Ascege explican que la medida, que comenzará en septiembre, les deja una factura “imposible” de asumir. “En otras comunidades, según datos de CEAPs,  se están costeando a nivel público  y no tiene sentido que, en Asturias, tengamos que costearlo nosotros. Hacer pruebas a los 6.000 trabajadores es inasumible. A 72,80 euros cada PCR, el coste sobrepasa los 400.000 euros. Las mutuas no pueden gestionarlo por sus propios medios por lo que confiamos en que, como un servicio de prevención de salud pública, tras el tremendo esfuerzo realizado, se traslade nuestra demanda al sistema público de peticiones”.  Así mismo, desde la patronal esperan “que los fondos extra que llegarán, también se destinen a nuestros centros”

Por su parte, desde Aarte siguen entendiendo que éste “es un asunto de salud pública” y no un “problema intrínseco” de las residencias. “Por eso siempre hemos reclamado que las pruebas y el control y vigilancia epidemiológica deben abordarse desde el sistema público de salud. Esperamos poder contar con el apoyo total de la administración en este asunto e ir en todo momento de la mano”.

Las patronales pusieron sobre la mesa los incrementos económicos de la COVID-19: “Un 30% las plantillas, más los costes de las pruebas y de los equipos de protección, y la reducción de plazas para garantizar aislamientos,  en tanto nos hemos tenido más ingresos de residentes”.

 

 

 

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