Redacción 29-9-2020
La Confederación Española de Organizaciones de Mayores – CEOMA, entidad de referencia en el mundo de las personas mayores y defensoras de sus derechos, junto a su ‘Comisión de Derechos, Deberes y Buen Trato’, trabaja para que este colectivo reciba el mismo trato que cualquier otro ciudadano de nuestro país, evitando cualquier tipo de discriminación como el ‘edadismo’ por el mero hecho de ser mayor.
El abuso y maltrato sigue siendo uno de los problemas más importantes para CEOMA y su Comisión de Derechos, Deberes y Buen trato. CEOMA, comprometida con la protección de las personas mayores, así como, sus asociaciones confederadas, unen sus fuerzas para que la sociedad tome conciencia y manifiestan su interés en la defensa de la dignidad y los derechos humanos remitiendo su preocupación a grupos políticos y entidades públicas y privadas, mediante la presentación de la Declaración contra la violación de los derechos de las personas mayores.
No existen unos derechos especiales por razón de edad, es suficiente con respetar los que constan en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y en la Constitución Española, que son los mismos que para el resto de las personas. Sin embargo, en el caso de las personas mayores se violan con más facilidad. Esto es lo que ha sucedido en los primeros meses de la pandemia del coronavirus y ahora vuelve el riesgo, tanto en domicilios como en centros residenciales.
Los hechos:
Quitémonos la venda de los ojos para ver que la discriminación por la edad (edadismo), sufrida por las personas mayores durante la pandemia, ha sido una violación de los derechos humanos proclamados por la ONU en 1948 y en nuestra Constitución.
- Se ha violado el derecho a la vida porque muchas de las muertes se podrían haber evitado, pero esas personas no recibieron la asistencia posible (Artículo 3 de la Declaración de la ONU y 15 de la Constitución).
- Se ha violado el derecho a utilizar los servicios de salud cuando muchos hospitales han limitado el acceso a las personas mayores, sobre todo las provenientes de residencias (Artículo 22 y 25 de la Declaración de la ONU y 43 de la Constitución).
- Se ha violado el derecho a la igualdad porque al considerar solo el criterio de la edad, se les ha discriminado frente al resto de ciudadanos (Artículo 1 de la Declaración de la ONU y 14 de la Constitución). El edadismo es una violación del derecho a la igualdad.
- Se ha violado el derecho a la libertad porque en algunas residencias, se han utilizado medidas de aislamiento excesivas, escasamente basadas en evidencias sobre riesgos de contagio, y confirmación de enfermedad (Artículos 1 y 3 de la Declaración de la ONU y 17 de la Constitución).
- Se ha ignorado el valor de la dignidad de la persona porque muchas de las que han muerto lo han hecho separadas de sus seres queridos, en condiciones inhumanas y degradantes (Artículos 1 y 5).
- Ha sido violado, por último, el derecho a la información para tomar decisiones y ejercer su autonomía
Ante esta amarga realidad ¿para qué han servido los discursos teóricos de «sabiduría», «dignidad», «experiencia», «nuestros mayores»…, que con tanta facilidad pronuncian algunos políticos, medios de comunicación y ciudadanos?
Lo más preocupante es que se han considerado como NORMALES los protocolos de exclusión que han propiciado la violación de derechos humanos. Se ha invisibilizado totalmente a las personas mayores en una sociedad excluyente y que da la espalda al hecho de envejecer. ¿Estamos ante una sociedad adormecida que contempla todo lo sucedido como si se tratara de una realidad virtual?
Han fallecido casi 20.000 personas mayores según datos oficiales, realmente muchísimas más, y muchas de ellas han muerto porque la mirada se ha puesto en la gestión organizativa de los recursos y se ha olvidado a las personas.
Propuestas:
Por eso, esta Declaración no es solo la denuncia de una situación fatídicamente discriminatoria por la edad. Es también una proposición para que no se vuelvan a repetir los hechos ante la realidad de los rebrotes, mientras no haya una solución global.
- Triajes: Por supuesto que los triajes son necesarios. Cuando la salud de una persona se encuentra irreversiblemente abocada a su próximo final no tiene sentido trasladarla a un hospital porque su organismo no respondería, aún con la ayuda de la ciencia. En ese caso es mejor aplicar los medios paliativos procedentes para garantizar la dignidad de la persona en el proceso de morir. Pero no se pueden cerrar las puertas de la sanidad pública a personas sanas o en estado de salud muy aceptable, por el simple hecho de tener una edad avanzada. Esto no se puede volver a repetir.
- Medios de comunicación: La utilización morbosamente retorcida de las noticias no es un servicio a la sociedad e hizo mucho daño a las personas mayores que lo pasaron solas en sus casas. En lo más duro de la pandemia no había cadáveres amontonados en algunas residencias sino personas que murieron abandonadas por el sistema de salud, que además prohibía a las familias hacerse cargo, mientras las funerarias, desbordadas, eran incapaces de atender el ritmo de muertes. Tampoco hubo sanitarios, héroes y cuidadores, en residencias, villanos. Todos fueron profesionales con entrega absoluta que se dejaron la piel y algunos la vida en la lucha contra el virus.
- Residencias: Todas las residencias funcionan con las normas y las ratios de personal dictadas por las administraciones públicas. Son éstas también quienes realizan los servicios de inspección. Por tanto, pierden credibilidad quienes lo centran todo en que los fondos buitre y las empresas solo quieren hacer negocio… Si están ahí es porque las administraciones les han abierto la puerta. Pedimos a la clase política que afronte sus responsabilidades en esta materia, cambiando las leyes que ella misma generó con la política de conciertos. Si tienen que poner límite a determinadas empresas, está en su mano hacerlo, pero si queremos calidad, los conciertos también deben ser mejorados.
- Confinamiento institucional: Cabe esperar que las residencias que admiten a personas con demencia actúen con soluciones creativas para estas personas y dejen de aplicar los protocolos generales de prevención de contagios mediante aislamientos convencionales, válidos para personas sin dificultades mentales de comprensión. Y especialmente que no recurran a medidas restrictivas severas como aplicar sujeciones o como recurrir a fármacos psicotrópicos sedantes que antes del riesgo de contagio no eran necesarios. Los centros libres de sujeciones consolidados no han recurrido a sujeciones, a pesar de haber tenido múltiples casos de Covid-19.
- Medicalización y coordinación sociosanitaria: Las residencias ni son ni deben ser pequeños hospitales, son lugares donde se atiende a personas frágiles que no pueden ser atendidas en el entorno familiar. Medicalizarlas sería un paso atrás en la atención digna, pero sí urge una coordinación entre los centros de salud y las residencias, mucho más eficiente.
- Diferencias inexplicables: La política de conciertos se basa exclusivamente en la evidente disminución de costes que consiguen las administraciones públicas cuando lo hacen a través de residencias privadas concertadas en lugar de en residencias públicas. Esta política también genera en las residencias privadas ratios más bajos de personal y peores condiciones laborales. Además es inexplicable que unas comunidades autónomas determinen un coste por plaza y día en una residencia y otras tengan estipulado el doble. Para evitar las desigualdades territoriales habría que centralizar la gobernanza. Para ello, cabría basarse en el artículo 149.1º de la Constitución, como se hizo en la LAAD.
- Público / privado: El debate no es si público o privado. La cuestión es cómo responder a las necesidades de la persona mayor con una asistencia de calidad, desde la autonomía a la dependencia, y centrada en la persona, ya viva en una u otra comunidad autónoma. Eso debe estar garantizado con normas de dotación y funcionamiento para todos los centros y servicios y que sea la persona mayor quien elija el servicio y la forma como quiere ser atendida según evolucionan sus necesidades.
- Cuidadores profesionales: La fidelización del personal de residencias y de los cuidados domiciliarios es imposible con los convenios actuales. La razón fundamental de esta precariedad se basa en el ahorro de las administraciones con las políticas de conciertos. Para mejorar la asistencia, deben mejorar los convenios.
- Responsabilidades: Las decenas de miles de personas mayores que han fallecido prematuramente debido a la forma como se ha gestionado la pandemia no es una realidad virtual. Detrás de las decisiones políticas y técnicas que han tenido estos resultados hay personas que deben asumir la responsabilidad de consecuencias tan nefastas.
- La persona debe ser el centro: En el sistema actual de cuidados a las personas mayores es totalmente paternalista. Se organiza, planifica, administra, decide… para las personas pero sin tener en cuenta su voz. La organización de los servicios debe partir de la escucha permanente de sus necesidades. Todo lo demás: la política, los presupuestos, la gestión, la formación, los profesionales, los sindicatos… deben estructurarse y actuar en torno al centro que le da sentido a todo su quehacer, que no es otro que la persona mayor. El camino que ya han adoptado muchas residencias del Modelo de Atención Integral Centrada en la Persona (MAICP es el que hay que seguir.
- Bajar a la realidad: Los hechos han demostrado que los discursos teóricos, cargados de tópicos y palabras, tan biensonantes como vacíos de contenido, no sirven para nada. Hay que bajar a la realidad. Rechazamos la discriminación por la edad (edadismo) que han sufrido muchas personas mayores. Cada cual, desde nuestra responsabilidad, debemos reflexionar y actuar para que todas las personas sean atendidas respetando los derechos universales que nos asisten y no se vuelva a repetir lo que ha sucedido en los últimos meses.