Redacción 10-12-2020
La Fundación Ageing Lab, a través de su Comité de Ética Social, ha lanzado un manifiesto ante el impacto inaceptable e inasumible producido por la Covid-19 en las personas mayores. Este comunicado recoge además un decálogo con diez puntos necesarios para el adecuado funcionamiento del sector sociosanitario.
El decálogo se centra en la atención a las personas mayores, poniendo en primer plano la dignidad de la persona, así como la responsabilidad bioética de los poderes públicos hacia un nuevo modelo de prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio que permita una humanización adecuada del cuidado y revalorice la labor de las auxiliares.
También pone el foco en la evolución del modelo de atención residencial que no discrimine por edad y donde el personal disponga del equipamiento y cualificación necesarios. Además, se reivindican protocolos unificados y criterios de actuación estandarizados desde la igualdad y se propone la coordinación entre los servicios sanitarios y los sociosanitarios y la creación de una nueva Ley Integral para las Personas Mayores.
Ante la situación generada por el COVID-19 y la repercusión que ha tenido en las personas mayores , desde el Comité de Ética Social de la Fundación Ageing Lab consideran:
1.- Paradigma de derechos humanos y dignidad en las personas mayores: La atención de las personas mayores debe de situarse como eje prioritario en el marco de los derechos humanos y la dignidad, ahora más que nunca y como sistema de supervivencia de la sociedad.
2.- Atención centrada en la persona: La humanización de la atención basada en unos cuidados integrales centrados en la persona debe presidir los cuidados que se prestan a las personas mayores, por lo que se deben establecer criterios estandarizados que contemple el absoluto respeto de la dignidad.
3.- Responsabilidad bioética de los poderes públicos: Es responsabilidad de los poderes públicos asegurar que la atención que requieren las personas mayores se preste en condiciones adecuadas y cuente con todos los recursos necesarios. La asistencia sanitaria y sociosanitaria debe hacerse desde un planteamiento bioético y deontológico. Es fundamental que se preserven los principios bioéticos que deben presidir la atención que se presta, respetando los derechos y preferencias de las personas mayores, sin discriminar a nadie en la asignación de recursos.
4.- Nuevo modelo de prestación del servicio de ayuda a domicilio: Es necesario revalorizar socialmente su labor y centrar los esfuerzos en orientarlo hacia una atención centrada en la persona y en la promoción de la autonomía, garantizando la adecuación del servicio y su especialización, bajo una gestión por procesos socioasistenciales y preventivos frente a un modelo de horas/servicio más propio de sectores de la distribución de productos o del sector delivery que no permiten una humanización adecuada del cuidado, mercantilizando las necesidades más básicas del ser humano. Para esto es preciso estandarizar el Servicio de Ayuda a Domicilio para atender a todas las personas mayores usuarias, desde la corresponsabilidad de todas las partes implicadas y el apoyo y el refuerzo del sistema sanitario.
Las auxiliares del SAD son un vehículo de valor incalculable para garantizar la atención a las personas mayores en sus domicilios, siempre y cuando se valoren como agentes de prevención y de coordinación en la atención integral y personalizada y para ello se les dote de las herramientas necesarias y se les reconozca y retribuya como tales.
5.- Evolución del modelo de atención residencial: Hay que evolucionar el modelo residencial, que ha demostrado graves carencias durante la pandemia, siendo fundamental que cuenten con personal suficiente de atención directa, debiendo además aumentar las mejoras de las condiciones de trabajo de los profesionales. Esta evolución del modelo además debe hacerse mediante unidades de convivencia entre 15 y 20 personas máximo y debe permitir que la persona usuaria decida quien lo cuida y con quien convive.
6.- No a la discriminación etaria (edadismo): Las personas mayores deben recibir la misma atención sanitaria que el resto de la población, deben ser atendidos en los centros sanitarios cuando así lo requiera su situación de salud y no ser excluidos de la misma por la edad o por estar en un centro de mayores. El colectivo de personas mayores debe ser tratado en las mismas condiciones de igualdad, ya esté en un centro residencial o en su hogar.
7.- Personal equipado y cualificado: EEl personal debe contar con los dispositivos, equipos de protección y la formación necesaria para desarrollar su trabajo en condiciones adecuadas, no debiendo existir desigualdades entre el personal del sector sanitario y sociosanitario.
8.- Protocolos unificados y estandarizados teniendo en cuenta la diversidad desde la igualdad: Se deben fijar unos estándares mínimos en todo el territorio español, que determine los requisitos que debe regir la atención a las personas mayores en los diferentes ámbitos y tipologías de servicios y que obligue a todas las comunidades autónomas, estableciendo protocolos comunes que evite disparidades entre comunidades y articule de forma estandarizada la implicación de los actores que participan en el sistema de atención a las personas mayores.
9.- Coordinación y convergencia entre salud y servicios sociales: Es necesario fomentar la coordinación de los servicios sanitarios con los sociales, la creación de un espacio sociosanitario es fundamental para mejorar la calidad de la atención que se les presta a las personas mayores ya sea en su domicilio o en cualquier recurso disponible para ellas.
10.- Ley integral para las Personas Mayores: No se está dando respuesta adecuada y suficiente a las necesidades de las personas mayores, por lo que es urgente un cambio de enfoque en las políticas públicas y en las estrategias de intervención. La ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía personal y Prevención de las Situaciones de Dependencia debe recuperar los aspectos preventivos y de atención integral y continuada. Se propone elaborar una Ley Integral para las Personas Mayores con recursos suficientes para hacer frente a las necesidades de las personas mayores, contando con su participación y en la que se garanticen sus derechos y dignidad.