Industria y Educación diseñan un programa para facilitar a 10.000 personas la acreditación de sus competencias profesionales

Redacción 29-1-2021

Unas 10.000 personas podrán acreditar sus competencias profesionales en Asturias mediante el reconocimiento de la experiencia en el desempeño de una actividad laboral o de la formación adquirida por vías no formales. El consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica, Enrique Fernández, y la consejera de Educación, Carmen Suárez, han presentado a los agentes sociales el Plan de Acreditación de Competencias Profesionales adquiridas por experiencia laboral, dirigido a personas con niveles de formación que no les habilitan para ocupar un determinado puesto de trabajo o carecen de documentos oficiales acreditativos.

En el acto, celebrado por vía telemática, han participado los directores generales de Empleo y Formación, Pedro Fernández-Raigoso; de Enseñanzas Profesionales, Javier Cueli; y la directora gerente del Servicio Público de Empleo (Sepepa), Pilar Varela.

Esta iniciativa se enmarca en el Plan Nacional de Modernización de la Formación Profesional y persigue mejorar la empleabilidad de este sector de la población. Según datos oficiales, de los casi 23 millones de españoles que conforman la población activa, 11.043.300 personas (el 48,02%) tienen un nivel formativo que no les capacita profesionalmente o no pueden acreditar sus competencias. Esto provoca que algunos profesionales, especialmente de sectores productivos con una regulación total o parcial de actividad, cuenten con menos opciones de empleabilidad porque la acreditación, generalmente a través de carnés profesionales, es un requisito específico para la certificación de cualquier trabajo realizado.

Actualmente ya existe un procedimiento de acreditación de competencias profesionales con convocatorias públicas en función de las necesidades detectadas en cada sector, pero ahora se pretende perfeccionar el sistema para agilizar los reconocimientos como herramienta de lucha contra el desempleo en un marco social y económico condicionado por la pandemia.

Para lograr este objetivo, a nivel nacional será necesario modificar el real decreto que regula el reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral. Paralelamente, en Asturias también se prevé actualizar la regulación actual, recogida en una resolución conjunta de las consejerías de Industria y de Educación, que data de 2015 y regula el procedimiento de reconocimiento, evaluación, acreditación y registro de competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral o por vías no formales de formación.

En el Principado, el reconocimiento de las competencias profesionales es una competencia compartida entre Educación (Dirección General de Formación Profesional) y la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica, a través del Servicio Público de Empleo (Sepepa).

 El nuevo procedimiento de acreditación de competencias incluirá las siguientes novedades: 

  • Los procesos de acreditación estarán abiertos de modo permanente y no se harán por convocatorias ad hoc como hasta ahora; es decir, deja de iniciarse de oficio por la Administración y el ciudadano podrá solicitar el reconocimiento en cualquier momento. La Administración deberá garantizar respuesta en el plazo máximo de 6 meses.
  • Se flexibiliza el requisito de la experiencia laboral: se exigirán 3 años con un mínimo de 2.000 horas trabajadas en los últimos 15 años (antes eran 10 años).
  • Se flexibilizan los requisitos para asesores y evaluadores del proceso.
  • Todos los centros públicos que imparten enseñanzas de Formación Profesional (FP) del sistema educativo estarán autorizados para llevar a cabo procesos de acreditación. En Asturias, el objetivo es articular el proceso a través de los 8 centros integrados de FP, asignándoles tareas de coordinación sobre los restantes centros, en razón de la familia profesional de las enseñanzas impartidas.

En los dos últimos años, en Asturias se han promovido sendas convocatorias para impulsar la acreditación de 600 personas en ámbitos como el transporte marítimo y la pesca de bajura (100 personas), el mantenimiento de instalaciones de baja tensión (100 personas) y las actividades portuarias (400 personas).

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