Redacción 28-3-2018
Un dictamen del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad modifica la interpretación de que un centro institucional sea considerado como una unidad económica de convivencia igual que un domicilio.
El Gobierno central toma tal resolución en respuesta a la demanda concreta de la Junta de Castilla y León y extiende, desde el Imserso, tal comunicación de la nueva interpretación a todas las autonomías. Así, la composición de la unidad económica que era un elemento determinante del reconocimiento y mantenimiento de estas pensiones ya no impedirá, como hasta ahora, que dos hermanos puedan compartir residencia y se vean obligados a vivir separados para no perder estos ingresos.
La legislación y normativa de las pensiones no contributivas es estatal pero la gestión de las mismas, aprobación o desestimación, corresponde a las autonomías. En Castilla y León, como en otras comunidades, aunque de forma más bien anecdótica –la Junta no dispone de datos concretos de afectados– se han dado situaciones en las que dos hermanos han tenido que renunciar a parte de sus ingresos o a vivir separados para no perderlos; una pensión de este tipo medio es de 369,90 euros.