El Principado sacará a información pública el anteproyecto de ley de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales

Redacción 18-7-2017

La Consejería de Servicios y Derechos Sociales del Principado de Asturias sacará a información pública esta semana  el anteproyecto de ley de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales, con el que se pretende ordenar e integrar las prestaciones destinadas a cubrir las necesidades básicas de las personas en situación de vulnerabilidad y ofrecer una respuesta más “ágil y coordinada “ por parte de las distintas administraciones.

De esta ley se derivarán las modificaciones del salario  social, que aumentará de cuantías y de coberturas. La nueva norma incluye medidas para agilizar la prestación, como el uso de la declaración responsable y la simplificación de trámites. Asimismo, introduce exenciones para los ingresos provenientes del trabajo y de determinadas pensiones, al tiempo que modifica la regulación de los programas personalizados de inserción social, entre otras medidas.

Atención a nuevas necesidades y realidades

 Por otra parte, contempla complementos vitales, con el propósito de atender de manera diferenciada las nuevas realidades y necesidades. En este sentido, plantea apoyos complementarios para familias con menores y jóvenes, personas con discapacidad y dependencia, o para el alquiler de vivienda. En el mismo sentido, establece un complemento específico a las pensiones no contributivas para personas que vivan solas.

El texto eleva a derecho subjetivo la prestación destinada a cubrir necesidades básicas de los menores del sistema de protección acogidos por familias ajenas. Esta medida contribuirá a impulsar el acogimiento familiar sobre el residencial, puesto que las compensaciones económicas a las familias podrán abonarse directamente, con todas las garantías jurídicas.

En materia de vivienda, aspira a garantizar el derecho a un hogar digno y adecuado, extendiendo a toda la población la posibilidad de acceder a un piso de titularidad pública o a las ayudas públicas para ese fin. También simplifica el procedimiento de concesión de apoyos económicos, que pasa a ser directo, y adapta la regulación relacionada con las adjudicaciones por causa de emergencia social.

En el ámbito de la participación, se reserva un papel especial a las entidades sin ánimo de lucro, tanto en la colaboración en el desarrollo de proyectos concretos como en su inclusión en los órganos asesores del nuevo sistema de garantía de derechos y prestaciones vitales.

 

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