La Junta General del Principado ha iniciado la tramitación parlamentaria de la ley de Acción Concertada

Redacción 15-1-2019

El proyecto de ley de Acción Concertada, cuya tramitación ha comenzado  en la Junta General del Principado, garantizará la continuidad de la colaboración con las entidades sin ánimo de lucro en el ámbito de los servicios sociales. Esta norma, muy demandada por el tercer sector, permitirá impulsar un modelo sostenible y cohesionado, basado en la cooperación con las organizaciones que prestan servicios de forma eficiente en todos los ámbitos de la atención social.

La consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, que ha encabezado la ronda de comparecencias en el Parlamento asturiano, ha destacado la importancia del texto legal con el que el Ejecutivo cumplirá su compromiso de legislatura de dar estabilidad a la colaboración con las entidades.

El texto regula las medidas necesarias para la aplicación del régimen de acción concertada: ámbitos susceptibles de acuerdos, prestaciones, características de las entidades colaboradoras, etcétera. Define como ámbitos de aplicación las prestaciones dirigidas a garantizar la protección de menores, la atención a personas con discapacidad o dependientes y sus familias, y aquellas medidas que favorecen la inclusión social, entre otras que pueda determinar el Consejo de Gobierno en el ámbito de sus competencias.

La finalidad de la acción concertada será la reserva y la ocupación de plazas para uso exclusivo por parte de usuarios de servicios sociales de responsabilidad pública, además de la gestión integral de prestaciones, servicios, programas, recursos o centros.

Implantación local

Para la selección de las entidades, según recoge la norma, se tendrá en cuenta su implantación en la localidad donde se vaya a prestar el servicio, la valoración de las personas atendidas, la calidad y la continuidad en la asistencia, la experiencia acreditada en la gestión y sus certificaciones de calidad. Además, se valorarán las buenas prácticas sociales y de gestión, así como la formación específica del personal.

Las formas actuales de prestación de servicios sociales, diseñadas al amparo del marco jurídico europeo, estatal y autonómico, se basan en una combinación equilibrada entre la gestión directa, indirecta y la acción concertada, con el fin de ofrecer la más eficiente respuesta a las necesidades de personas en situación de vulnerabilidad.

Actualmente, a través de acuerdos marco, el Gobierno de Asturias tiene contratados servicios con 20 entidades del ámbito de la discapacidad, a los que destina anualmente 19,2 millones, y con 14 organizaciones del ámbito de la infancia, con una inversión de 9,8 millones al año.

El texto legal que llega ahora a la Junta General es similar a los promulgadas en Aragón, Navarra o Valencia, y se ampara en la directiva europea 2014/24 y en su transposición al ordenamiento español a través de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Estas normas prevén la posibilidad de que las autonomías concierten mediante instrumentos no contractuales servicios públicos que satisfacen necesidades de carácter social. También está en consonancia con la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, que ratificó la acción concertada como instrumento de colaboración entre las administraciones públicas y las entidades sin ánimo de lucro, basado en los principios de solidaridad y eficiencia presupuestaria.

La nueva ley incluye el marco jurídico necesario para desarrollar la historia social única electrónica en Asturias (HSUE), un sistema integrado de información similar a la historia clínica, pero centrada en el ámbito de los servicios sociales, que permitirá tener acceso centralizado, en formato electrónico, a todos los documentos que contienen datos, valoraciones e informaciones sobre la situación y la evolución de la atención a los usuarios del sistema.

 

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