Directoras de Servicios Sociales denuncian el sufrimiento de los solicitantes del Ingreso Mínimo Vital

El mayor avance en protección social de los últimos tres lustros, se desangra por procedimientos complejos y una errática gestión

Redacción 3-3-2021

Directoras y Gerentes de Servicios Sociales han denunciado el “sufrimiento” y la “desesperación” de los más de un millón de solicitantes del Ingreso Mínimo Vital (IMV) desde junio y urgen al ministerio que dirige Escrivá a aclarar cuáles serán las medidas para la inclusión social que se han prometido y que deben acompañar necesariamente el despliegue del IMV.

“A día de hoy el ministerio todavía no se ha pronunciado sobre la dimensión, la profundidad y las características concretas de esas medidas y como se implementarán con las políticas de inclusión de las comunidades autónomas”, lamentan.

En este sentido, la asociación está “dispuesta y deseosa” de colaborar con el Gobierno, integrándose en los foros u órganos que éste considere oportunos para hacer aportaciones y asistir a los grupos parlamentarios en las enmiendas a la ley durante el debate en el Congreso.

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales lamenta que el “mayor avance en protección social de los últimos tres lustros” se esté “desangrando” por “procedimientos complejos y una errática gestión” que, a su juicio, está “abocando al abandono a los doce millones de personas que malviven en la pobreza” en el país.

Propuestas

Proponen que  el cálculo de la capacidad económica se realice sobre los ingresos del año en curso, eliminando así el límite del 50% de los ingresos del ejercicio anterior. Además, llaman a suprimir el padrón histórico colectivo porque, recuerdan, “la pobreza ocurre en el presente, su perentoriedad no es cuestión de caridad”.

Entre sus propuestas también destaca la creación de una pasarela automática para que, de oficio, se acceda al IMV desde las Rentas Mínimas de las comunidades autónomas. Pero, además, llaman a poner en marcha un convenio que evite que las autonomías caigan en la tentación de dedicar los 1.600 millones de euros que actualmente invierten en sus propios sistemas a otras políticas que no fueran las relacionadas con la inclusión social y los servicios sociales.

Estas medidas implicarían, según los cálculos de la entidad, que en menos de un mes, se alcanzase la mitad del objetivo que se había propuesto el gobierno de llegar a 850.000 hogares. En su opinión, se podría llegar a casi medio millón de familias beneficiarias en dicho periodo.

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