Natalia González ha presentado la Memoria, en un acto en el que enfatizó el trabajo realizado por el “inmenso equipo humano de la Fundación”
Redacción 10-6-2021
La Fundación Municipal de Servicios Sociales de Gijón cerró el pasado 2020 con un presupuesto ejecutado que ascendió a 22.787.355 euros. De esta cantidad, 5.626.000 euros se destinaron a cubrir las necesidades de las familias, en concreto, 1.257.900 euros para ayudas directas a personas; 3.720.000 para ayudas de emergencia; y 647.880 euros para ayudas a la alimentación, que sustituyeron al servicio de comedor, suspendido durante el confinamiento.
Son algunos de los datos que se extraen de la Memoria de la Fundación Municipal de Servicios correspondiente al pasado año 2020 y que esta mañana ha presentado la concejala de Derechos y Bienestar Social, Natalia González, acompañada por el director de la FMSS, Marco Luengo y por las jefas de división de Acción social y Promoción Social, Ana Núñez y Aida Araujo, respectivamente.
La concejala, quien ha destacado el trabajo realizado desde la Fundación durante toda la pandemia, ha hecho especial hincapié en el “inmenso equipo humano” con el que cuentan los Servicios Sociales municipales, cuya labor fue más allá de sus obligaciones como trabajadoras, por la mayoría son mujeres. Asimismo reconoció que la pandemia puso de manifiesto las emergencias que deben abordarse cuanto antes para construir los servicios sociales del siglo XXI.
González también ha señalado, a pesar del tiempo en el que la presencialidad no fue imposible, un total de 54.021 personas pudieron acceder a los Servicios Sociales a través de los diferentes centros y programas puestos en marcha para llegar a la ciudadanía.
Feminización de la pobreza
En este sentido destacó la creación del servicio de atención telefónica, en el que una trabajadora social atendió un total de 889 llamadas, y la oficina de apoyo a la tramitación del Ingreso Mínimo Vital, que atendió a más de 900 personas.
Por último, la Memoria de 2020 deja claro, al igual que sucedía en años anteriores, la feminización de la pobreza, ya que el 65% de las personas demandantes de servicios sociales son mujeres, una cifra que se incrementa en el caso de las familias monomarentales. Por el contrario, el perfil del demandante en la Red Activa de Inclusión, continúa siendo masculino.