Más de 300.000 dependientes, en listas de espera

Redacción

Cada día fallecen 100 dependientes sin recibir la prestación a la que tienen derecho. Son más de 18.000 los fallecidos hasta junio del 2017. Con estos datos demoledores, el Observatorio de la Dependencia ha presentado un estudio en el que afirma que existen unos 120.000 grandes dependientes que siguen sin ser atendidos.

En la actualidad, la lista de espera de dependientes que esperan su prestación supera los 320.000 ciudadanos perjudicados. A 30 de junio de 2017, son 898.243 las personas atendidas, siendo el número total de personas dependientes reconocidas de 1.217.355.

El informe señala que “los esfuerzos de las comunidades autónomas han conseguido aumentar en los dos últimos años el número en más de 160.000 personas, lo que supone un incremento neto del 21,8 por ciento porque la financiación estatal ha decrecido considerablemente”.
Pero este incremento de atendidos se da de forma desigualdad entre las regiones, así en Aragón es del 41,9 por ciento, mientras que en Cataluña asciende al 6 por ciento.

La reducción de la lista de espera desde que se cerró hace dos años el calendario de incorporación de todos los niveles de dependientes ha sido de 123.000 personas, es decir, un 28 por ciento en dos años.

Si se analiza esa reducción de la lista de espera respecto al último año (de junio de 2016 a junio de 2017) todas las CCAA la han reducido, pero con grandes diferencias que oscilan desde el 41,8 por ciento de Canarias (afectando a 12.500 personas) y el 1,4 por ciento de Castilla y León (1.183 personas).
En la presentación del informe, el presidente del Observatorio y de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, ha mostrado su preocupación por la situación de Cataluña y Andalucía, ya que juntas atienden al 25,7 por ciento del total en España, pero su lista de espera es del 57,4 por ciento (183.000 dependientes).

Burocracia lenta

El Observatorio de la Dependencia es una entidad creada desde la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que preside José Manuel Ramírez, para quien “la ley habla de los seis meses, situación que se puede tramitar en CCAA como Castilla-León, pero hay otras en la que la burocracia y el papeleo tardan hasta tres años, en personas con una media de edad de 80 años y una esperanza de vida de otros cinco”.

Otra vertiente del problema es que “el incremento de personas atendidas (grados I fundamentalmente) no se contrarresta con una mayor inversión del sistema. Los crecimientos que se han dado en los dos últimos años tienen mucho que ver con las atenciones que podríamos denominas de “bajo coste” como la prevención y promoción de la autonomía (en muchos casos), la teleasistencia (con un coste medio de 25€/mes) o las prestaciones económicas por cuidados en el entorno (cuya media mensual está cercana a los 300€ y bajando)”, señala Ramírez.

El otro gran problema es la parte de financiación del Sistema Nacional de Dependencia.  “La financiación finalista de la Administración General del Estado (AGE)  en relación a la financiación autonómica sigue reduciéndose sensiblemente”, concluye el experto.

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