Redacción 3-12-2020
Amnistía Internacional ha publicado una investigación en la que sostiene que “la inmensa mayoría” de personas mayores que vivían en residencias de Madrid y Cataluña durante la primera ola de coronavirus, sufrieron hasta cinco vulneraciones de derechos humanos, al no ser atendidas ni trasladadas a hospitales.
En un nuevo informe titulado ‘Abandonadas a su suerte: La desprotección y discriminación de las personas mayores en residencias durante la pandemia COVID19 en España’, la ONG precisa que en las residencias «se ha violado el derecho a la salud, a la vida, a la no discriminación de las personas mayores, a la vida privada y familiar y a la muerte digna».
En concreto, la ONG documenta en esta investigación cómo la «mayoría» de personas mayores que vivían en residencias de Madrid y Cataluña no fueron atendidas adecuadamente, ni derivadas a hospitales cuando lo precisaban, se vieron aisladas en sus habitaciones durante semanas, sin contacto con sus familiares, «violando su derecho a una muerte digna«, durante los primeros meses de la pandemia de Covid-19.
«En las residencias se ha violado el derecho a la salud, a la vida y a la no discriminación de las personas mayores. Además, las decisiones de las autoridades han impactado también en el derecho a la vida privada y familiar y en el derecho a tener una muerte digna», ha asegurado el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán.
El informe también concluye que hubo una «falta de test para residentes y personal».
En casos de personas fallecidas durante el pico de la pandemia, la ONG ha constatado que «no se realizaron PCR a las personas residentes y en sus certificados médicos de defunción se hace constar ‘sintomatología compatible con COVID-19′».
A fecha de noviembre de 2020, las autoridades de las comunidades autónomas de Madrid y Cataluña con las que se ha reunido Amnistía Internacional aseguran estar realizando test diagnósticos tanto a los residentes como al personal de los centros residenciales.
Denegación de derivación a hospitales
Además, Amnistía Internacional ha documentado «extensamente» en Madrid y Cataluña la denegación de derivación a hospitales «en base al lugar en el que residían y otros criterios generales –como la edad o grado de discapacidad, estado de salud (ser pacientes confirmados o con sospecha de COVID-19)– sin una valoración individualizada», lo que «vulneró manifiestamente su derecho a la no discriminación».
Según precisa el informe, la no derivación en Madrid estaba prevista en protocolos, que establecían instrucciones y criterios para valorarlo. Mientras, en Cataluña, el Protocolo del Servicio de Emergencias Médicas (SEM), dependiente del Departamento de Salud, recomendaba no ingresar en la UCI a determinados pacientes de más de 80 años con coronavirus, y hacía referencia al criterio de futilidad.
Amnistía Internacional recomienda a las autoridades, y en particular a Madrid y Cataluña, que aseguren que las decisiones sobre la atención médica en las residencias se realizan con base a «evaluaciones individualizadas», eliminando las disposiciones discriminatorias de los protocolos de derivación a hospitales; y que garanticen el contacto regular de familiares y residentes.
Más a largo plazo, aconseja al Gobierno impulsar la tramitación de una ley estatal que establezca un modelo residencial que garantice los derechos de las personas residentes en todo el Estado; y sugiere que la Fiscalía siga de cerca la situación en las residencias e impulse investigaciones de rendición de cuentas.