La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales propone modificar la Ley de Subvenciones

Hasta dos meses tardan algunos ayuntamientos en conceder y abonar estas ayudas, imprescindibles para necesidades tan básicas como comer, vestirse o pagar el alquiler

Redacción 23-11-2021

La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (ADYGSS) se ha dirigido a los grupos parlamentarios para que en el debate de los Presupuestos presente y aprueben una enmienda para que las ayudas de urgente necesidad que ofrecen los servicios sociales de ayuntamientos y diputaciones a personas y familias para sufragar necesidades básicas, no tengan carácter de subvención. Para la asociación, con ello se simplificarían los procedimientos y se aliviaría la carga burocrática que en algunos casos retrasa durante semanas la concesión y el pago de estas ayudas.
La enmienda propone una pequeña modificación de Ley General de Subvenciones, en su artículo 2º, que incluya estas ayudas en el listado de prestaciones que no tienen carácter de subvención.
891.140 ayudas de estas características se concedieron el pasado año, según datos del Ministerio de Derechos Sociales (Estadísticas Plan Concertado), a falta de información de comunidades como País Vasco y Navarra, que no participan en esta concertación, y Castilla-La Mancha y Extremadura, que no aportan datos. Desde la AEDGSS pueden suponer que el número de ayudas de urgente necesidad concedidas el pasado año estará en torno al millón. Su cuantía media fue de 184 € por ayuda, y la cuantía total del gasto (sin contar el de las citadas comunidades), ascendió en 2020 a 160 millones de euros.
Estos datos contrastan con las cifras oficiales de pobreza en nuestro país, según las cuales 3,3 millones de personas sufren carencias materiales graves, de acuerdo con los estándares europeos (Tasa Arope).
Además, 12.481.792 personas se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social, 4.680.672 personas viven en hogares sin empleo o con baja intensidad en el empleo (los miembros en edad de trabajar lo hicieron menos del 20% de su capacidad de trabajo), y 9.928.699 personas viven en riesgo de pobreza (con ingresos por debajo del 60% de la renta mediana disponible, 9.009 €/año para hogares de una sola persona).

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