Patronales del sector reclaman un precio justo en la presentación del estudio comparativo, realizado por CEAPs y CECUA

El informe ‘El precio justo. Lo que cuesta atender a una persona dependiente en un centro residencial’ constata que Andalucía apuesta por el mantenimiento de las personas mayores dependientes en el hogar, con servicios profesionales

Redacción 30-11-2021

CECUA, Círculo Empresarial de Cuidados a Personas en Andalucía y CEAPs, Círculo Empresarial de Atención a Personas, han presentado el estudio comparativo nacional de ratio y costes ‘El precio justo. Lo que cuesta atender a una persona dependiente en un centro residencial’, donde se han analizado, en profundidad, las cifras que sitúan a Andalucía en el último vagón del sector sociosanitario español.

En la presentación han intervenido Andrés Rodríguez, presidente de CECUA; Aitor Pérez, socio promotor de Gerokon, y Marina del Corral, gerente de CEAPs. El evento, que se ha celebrado en el Club Cámara Antares (Sevilla) durante el desarrollo de un desayuno profesional, ha contado con la presencia de grupos parlamentarios, agentes sociales y económicos, presidentes y miembros de las juntas directivas de las patronales andaluzas del sector de la dependencia: CECUA, FADE, FAECTA y LARES Andalucía.

El estudio constata que Andalucía es una comunidad autónoma que apuesta por el mantenimiento de las personas mayores dependientes en el hogar, con servicios profesionales. Si bien la red de plazas residenciales disponible es inferior a la media estatal: 10,19 por cada 100 mayores de 80 años, dos puntos y medio por debajo de la media, y casi la mitad que Castilla y León y, además, se evidencia, según datos del SISAAD, que el acceso a un recurso social es de casi 2 años en lista de espera, con un total de 726 días.

En cuanto a las camas residenciales copagadas por la Junta de Andalucía, públicas o concertadas, o bien con prestación económica, según el estudio,  Andalucía está por debajo de la media, concretamente 2,75 puntos porcentuales por debajo, no llegando a 7 camas por cada 100 mayores de 80 años. Por tanto, hay menos plazas residenciales que en otras comunidades, pero además son aún menos las que cuentan con algún tipo de financiación pública para el ingreso a residencias, siendo la brecha aún mayor si la comparativa la centramos en aquellas con cofinanciación pública.

Con el actual sistema de acreditación de centros residenciales, una persona dependiente grado III, recibe 270 horas menos de atención en un centro autorizado, que una persona que está en un centro acreditado.

En cuanto al precio de concertación, el estudio recalca que no es suficiente para hacer frente a los gastos de personal, funcionamiento e inmobiliario de los operadores privados. No hay margen de beneficio industrial y no se paga por la plaza no ocupada.

Mientras que muchas comunidades autónomas han actualizado tarifas del sector, fruto del acuerdo de Estado con agentes sociales que atiende a las personas en situación de dependencia, según el estudio, el Gobierno andaluz «ha hecho caso omiso, dificultando la sostenibilidad de un sector de vital importancia, que parece abocado a la quiebra, si no se toman medidas con urgencia».

El pasado mes de abril, CECUA, FADE, FAECTA y LARES Andalucía, que también “hacen suyo” este estudio, presentaron una propuesta al Gobierno andaluz, para lograr un sistema sostenible, eficiente y con calidad de cobertura en la atención a las personas mayores dependientes, “solicitando mecanismos más flexibles que permitan la reducción de la lista de espera, con la puesta en marcha y aprobación este mismo año de un solo procedimiento de la resolución de grado y PIA, y de un plan de choque que mejore la tasa de reposición que conlleve el aumento de valoradores/as y personal técnico, tanto a nivel de Servicios Sociales comunitarios, delegaciones territoriales y de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia (ASSDA)”.

Sin embargo, “tras no ser escuchadas y ante los múltiples intentos de entablar negociaciones con los máximos representantes de la Junta de Andalucía”, las patronales “consensuaron, el pasado 19 de noviembre, llevar a cabo acciones de movilización, que se pondrán en marcha a corto plazo, para visibilizar el abandono del sector y el riesgo que supone para los 1,2 millones de personas con más de 65 años que viven en Andalucía”.

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