Redacción 15-6-2023
Bajo el título Hacia una convención de los derechos de las personas mayores, ayer, 14 de junio, se celebró una nueva sesión Jubilare a cargo de Registradores de España y HelpAge International España, en donde trataron temas como la importancia de la sociedad civil en el proceso de la convención, qué implicaciones tendría en el derecho español y cuáles han sido los hitos que han ido aconteciendo en Naciones Unidas.
El evento tuvo lugar en el salón de actos de la sede de Alcalá 540 del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España, en Madrid.
Dentro de este evento intervinieron Sergio Saavedra, vocal de Internacional del Colegio de Registradores de España; Adela Asua, consejera de Estado, ex vicepresidenta del Tribunal Constitucional de España, catedrática emérita de Derecho Penal de la Universidad del País Vasco y miembro de la Comisión Jubilare; Christian Courtis, experto de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Fernando Flores, profesor Titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia y director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia e Isabel Martínez, presidenta de la Mesa Estatal por los de derechos de las personas mayores y presidenta de la Fundación HelpAge International España.
En dicho evento, Adela Asua mencionó cómo en 2002 se celebró la Asamblea Mundial sobre el envejecimiento con su correspondiente plan de acción para el envejecimiento, también la importancia de las estadísticas para la elaboración de legislación y políticas públicas. Tal y como mencionó Christian Courtis , en 2050 habrá más personas de 60 años que personas menos de 18 por lo que es importante «replantear la concepción del desarrollo y tener en cuenta que esto ya es un problema global, que hay necesidad de exponer los derechos de estos grupos como el derecho laboral, seguridad social o derecho de acceso a la justicia. Se mencionó que aparte de que no hay una convención, es necesario que se cuente con las personas mayores dentro del proceso de toma de decisiones para las personas mayores por sus propios derechos». Coincide en que tampoco hay estadísticas de mayores de 65 años y por ello es «complicado dar seguimiento a políticas públicas adecuadas, debido a que dentro de los registros siguen siendo invisibles».
Por su parte, Fernando Flores explicó que los derechos «no se otorgan, la eficacia y el reconocimiento y hacerlos reales tienen que ver con luchar con ellos y observarlos en la realidad. Cuando se observa la realidad de las personas mayores, sus derechos son ineficaces. Sus derechos se ven vulnerados por administraciones o particulares y hay un tensionamiento aceptado. El tema es la invisibilidad pone de manifiesto cómo una convención internacional podría tener impactos en la propia Constitución, en la redacción y en el debate». Finalmente, Isabel Martínez mencionó que, según el primer informe sobre las personas mayores de la Organización Mundial de la Salud en 2021, una de cada dos personas son edadistas, por ello, es importante «concienciar y realizar que todas debemos sumarnos a este movimiento, una convención es importante porque no sólo implica a los Estados, si no que es un cambio para el motor cultural y social».
Invisibilidad dentro de la sociedad
Este 15 de junio, Día de Toma de Conciencia sobre el abuso y el maltrato en la vejez, desde la Mesa Estatal por los Derechos de las Personas Mayores junto con Jubilare denuncian la «vulnerabilidad de las personas mayores y las situaciones de abuso y maltrato que se producen de manera cotidiana» y «reivindican el derecho de las personas mayores a una vida digna, libre de maltrato y de violencia, segura, activa y saludable». La violencia y el maltrato es un problema de salud pública y una «grave violación a sus derechos humanos que afecta especialmente a las personas mayores». Las personas mayores «siguen sufriendo maltrato, y lo más grave es que se trata de un problema invisibilizado dentro de la sociedad».
Las situaciones de maltrato a las personas mayores se manifiestan de diferentes formas:
• Maltrato físico • Maltrato sexual • Maltrato psicológico o emocional • Maltrato por razones económicas o materiales • Abandono • Desatención y • Menoscabo grave de la dignidad y el respeto.
Las entidades que conforman la mesa estatal insisten en que «el mayor peligro del maltrato a las personas mayores es precisamente su invisibilidad. El edadismo y los estereotipos en la vejez generan una tolerancia social hacia este tipo de comportamientos y una falta de conciencia en las propias víctimas, que normalizan a menudo como algo aceptable este tipo de comportamientos, lo que dificulta su denuncia y protección. Las consecuencias, como alerta la Organización Mundial de la Salud (OMS), pueden ser especialmente graves para las personas mayores yendo desde depresión a lesiones, pasando por muerte prematura».
Debido a ello, es importante primero tomar conciencia del problema para después poder establecer medidas. Es por ello por lo que desde la Mesa Estatal por los derechos de las personas mayores se propone: 1. Un inmediato traslado a la agenda política del problema de los abusos y maltrato en la vejez. 2. Un compromiso firme y público de las administraciones públicas y los actores sociales, para defender de forma propositiva al colectivo de personas mayores y personas con discapacidad mayores, promoviendo nuevas iniciativas legislativas que contemplen la prevención de los abusos y maltrato en la vejez y medidas de protección, denuncia y penalización de este tipo de conductas. 3. Un compromiso por parte de los diferentes actores jurídicos y la fiscal especial para una aplicación activa de las normas que defienden la igualdad de trato, la no discriminación por razón de edad y los derechos de las personas mayores a llevar una vida digna y atender las demandas y abusos de las personas mayores. 4. Campañas de sensibilización y concienciación permanentes sobre el edadismo, y los derechos de las personas mayores en todos los ámbitos de la vida. 5. Garantizar un número suficiente de profesionales, especialmente del ámbito sociosanitario, para responder adecuadamente a las necesidades complejas de apoyo que tienen las personas mayores y formarlos en ética de los cuidados y derechos de este colectivo y cumplir los criterios establecidos en el Acuerdo sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). 6. Que los poderes y las administraciones públicas se sumen a la campaña de la OMS contra el edadismo con diferentes acciones de sensibilización. 7. Que los medios de comunicación contribuyan con sus acciones y códigos deontológicos a una sociedad del buen trato y el respeto a las personas mayores y sirvan de guía para la denuncia de estas situaciones. 8. Que el Gobierno de España apoye la convención internacional por los derechos de las personas mayores, como instrumento jurídicamente vinculante que promueva los derechos de las personas mayores. 9. Incluir dentro del currículo educativo de los niños de todo el estado, contenidos dirigidos a sensibilizar y concienciar de la importancia de las personas mayores, así como proporcionar elementos que les permitan identificar situaciones de mal trato y edadismo. 10. La elaboración y promoción de estudios e informes que difundan la realidad social de las personas mayores y las situaciones de abuso y maltrato.
Las entidades que conforman la mesa estatal han colaborado en el ‘Informe sobre la violencia, el maltrato y el abandono de las personas de edad’, que está elaborando la experta independiente por los Derechos de las personas de edad de Naciones Unidas, Claudia Mahler, y que presentará en el mes de septiembre.