Redacción 24-5-2019
La Asociación de Directoras y Gerentes de los Servicios Sociales (ADYGSS) ha presentado los resultados del Índice DEC 2018, es decir, la evaluación que cada año se realiza en cada comunidad autónoma de los derechos reconocidos, el gasto destinado y las coberturas de los servicios sociales que atienden las necesidades de más de 8 millones de personas en España.
El termómetro que mide la atención pública suspende a siete comunidades autónomas. Madrid se sitúa a la cola en esta clasificación con una puntuación de 3,20 sobre 10, lo que hace «irrelevante» la calidad de sus servicios sociales, según los expertos. Tampoco aprueban Valencia (3,30), Murcia (3,35), Canarias (3,75), Extremadura (3,75), Galicia (4,70) o Andalucía (4,8). Por el contrario, País Vasco o Navarra superan el 7 sobre 10 de puntuación, obteniendo un nivel alto en la inversión y cobertura de servicios sociales. En el aprobado raspado se quedan Aragón (5,15), Baleares (5,20) o Cataluña (5,30). En su sexto informe anual, los directores de servicios sociales, en base a datos de 2018, han comprobado que todavía persiste un agujero en la inversión en servicios sociales y calculan que haría falta invertir 1.300 millones de euros para volver a recuperar la inversión pública del gasto social previo a la crisis.
Además se constata que se mantienen en buena medida las grandes diferencias entre territorios y los desequilibrios del Sistema. Así, las Administraciones Públicas en el País Vasco destinan más del doble de inversión por habitante y año en Servicios Sociales (703 euros) que Murcia, con sólo 297; y el porcentaje del PIB regional que Extremadura destina a Servicios Sociales (2,594%), es 2,5 veces superior al que destina la Comunidad de Madrid, con solo el 1,007%.
Para el presidente de la asociación, José Manuel Ramírez Navarro, es prioritario «recuperar la inversión previa a los recortes de 2012 y volver a tener la inversión pública en servicios sociales previa a la crisis”.