11-6-2020/Eva Sánchez
El Observatorio Social de “la Caixa”, cuyo objetivo es la divulgación de las tendencias sociales en España, presentó el pasado mes de mayo su informe anual número 6 “Necesidades sociales en España” en un escenario pre-covid y analizado partir de diferentes grupos de población: infancia, juventud, personas mayores y mujeres e inmigración.
En el caso de las personas mayores, el estudio “Análisis de las necesidades sociales de las personas mayores 6.3” determina que cuentan con una mayor estabilidad económica y peores condiciones de salud. Los indicadores muestran que las dificultades para llegar a fin de mes o la pobreza crónica son menores en este colectivo que en el del resto de la población. Esto sin duda es una buena noticia, pero que deja un sabor agridulce cuando se profundiza en su origen, y es que como casi todo, la pobreza es relativa.
Dicho informe plantea que, si bien históricamente los mayores conformaban uno de los grupos sociales más vulnerables económica y socialmente, las consecuencias de la crisis económica y la situación general de vulnerabilidad y pobreza de otros grupos sociales hacen que la situación económica de los mayores de 65 en España en estos momentos este por encima de ellos. La medición de la pobreza basada en la renta media de la población ha supuesto su mejora en el ranking social, debido principalmente a la importante pérdida de poder adquisitivo de la clase trabajadora la inestabilidad del mercado laboral y la incidencia de importantes bolsas de paro.
Es interesante observar las comparativas de posición de España en el ranquin de necesidades sociales de la Unión Europea (28 países) en relación con el riesgo de pobreza monetaria, pobreza consistente, sobrecarga en gastos de vivienda y malas condiciones de la vivienda. Nuestro país no sale muy bien parado, aunque en todos estos parámetros la posición de las personas mayores es mejor que la media de España. El informe destaca que la tasa de pobreza de nuestras personas mayores es superior a la de otros países europeos incluso de menor renta media.
El principal factor determinante de las condiciones económicas de las personas mayores en todo el mundo es la estabilidad y cobertura de sus pensiones, que en España han mejorado sensiblemente en las dos últimas décadas, junto a la extensión de los sistemas de protección social y sanitaria y la revalorización de las pensiones según los precios de mercado. Aunque aquí también tenemos otra nota agridulce. España es uno de los países europeos con mayores niveles de desigualdad de ingresos y con mayor incidencia de la brecha laboral y salarial entre hombres y mujeres (como consecuencia de empleos inestables, precarios y en muchos casos dentro de la economía sumergida) especialmente en los mayores de 65 años. Esta situación esta directamente relacionada con la independencia economía y personal con la que afrontamos la última etapa de nuestras vidas.
El acceso a una vivienda es otro de los factores de estabilidad para nuestros mayores, que en España suelen ser propietarios, con algunas dificultades para su mantenimiento, pero con menos problemas para mantener las condiciones de confort durante los meses de invierno que el resto de la población española.
Nuestro aumento de esperanza de vida, el mayor de la UE tras Francia, supone un aumento de la cronicidad de las enfermedades que afecta a un 70% de los mayores de 65 años. De estos un 10% deriva en situaciones incapacitantes, lo que supone prácticamente la mitad que hace 10 años. Podríamos suponer la positiva incidencia del envejecimiento activo, que incide en la calidad de vida de las personas mayores.
Falta de cuidados
El informe destaca que sigue habiendo un porcentaje elevado de personas mayores con necesidades de cuidados no atenidas por el sistema de atención a la dependencia y que una de cada dos personas dependientes no recibe cuidados, bien porque no lo han solicitado o bien porque aún no se ha resuelto su solicitud.
La OCDE ofrece datos comparables para unos 18 países occidentes (OCDE, 2017), que indican que, pese al aumento de cobertura sociosanitaria, el porcentaje de personas mayores que reciben cuidados de larga duración en España sigue siendo inferior a la media. Además, una proporción superior de personas mayores son atendidas en sus propios domicilios, que pueden ser debidas a preferencias, pero también a la insuficiente oferta de plazas residenciales y centros de día.
Otro dato positivo es el de la reducción del porcentaje de personas que han tenido que renunciar a tomar fármacos por razones económicas, aunque las personas con menores ingresos dedican más de un 40% de su renta a este tipo de gastos.
La información estadística sobre situaciones emocionales es escasa, pero el informe destaca datos de la encuesta SHARE (Encuesta de Salud, Envejecimiento y Jubilación en Europa), que determina que España se encuentra dentro del tercio de países donde los problemas de aislamiento y soledad tienen una mayor incidencia. De ahí que se estén intensificando los esfuerzos y programas de diferentes instituciones para intentar que la soledad no deseada deje de ser un problema de salud personal y social.
A pesar de las buenas noticias que contiene este informe como la confirmación de que “el riesgo de pobreza crónica entre las personas mayores es hoy inferior al que había a mediados de la década pasada”, la sensación es contradictoria, porque supone tanto un éxito de las políticas sociales como un demérito de la situación social y económica del resto de la sociedad española. Afrontamos la crisis sanitaria y social del Covit-19 con un maltrecho Estado del Bienestar, que necesitará ser reforzado para asumir los retos de la postpandemia del coronavirus, así como nuestro aumento de esperanza de vida y consecuente envejecimiento de la sociedad.