Redacción 28-10-2020
El Pacto de Toledo aprobó el texto que va a servir de guía para la próxima reforma de las pensiones, dando un paso importante al buscar la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Esta aprobación contó con el apoyo de todos los grupos políticos, a excepción de Vox, que votó en contra, y la abstención de EH Bildu y ERC.
Ya hace 10 años desde que se aprobaran las últimas recomendaciones, por lo que la presidenta de la Comisión, Magdalena Valerio, ha afirmado que este acuerdo es muy importante, acuerdo que se ha conseguido «en un momento muy difícil», marcado por la pandemia.
Entre los puntos recogidos destacan los que tienen el objetivo de cerrar el déficit que arrastra el sistema desde 2011, así como los ajustes para afrontar la próxima jubilación de la generación del baby boom y el impacto sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones-
En las recomendaciones también se refleja la intención de acercar la edad de jubilación real a la edad legal, la revalorizaciones de las pensiones, basándose en el IPC, el cambio de régimen de cotización de los autónomos para que cotice acorde a los ingresos que tiene y no una base escogida por el propio trabajador , independiente de lo que factura, como ocurre ahora, y la importancia del fomento del ahorro privado que sirva como complemento a las pensiones públicas.
También refleja la apuesta por los planes colectivos de empleo, aquellos que se negocian por empresarios y los trabajadores, y se incide, además, en la necesidad de crear un superfondo de pensiones de promoción pública.
Especial interés tienen los periodos de cotización. En este documento se acuerda mantener los 15 años de periodo mínimo de cotización para acceder a la pensión contributiva, y se pide que se valore la ampliación a 25 años para calcular la base reguladora. Además, queda abierta la puerta a poder elegir los mejores años del trabajador para calcular la pensión.
Y se propone limitar los incentivos al empleo a aquellos colectivos especialmente vulnerables, con discapacidad o en riesgo de exclusión social y a las víctimas de violencia de género. También a los parados de larga duración, los jóvenes y los mayores de 55 años.