Servicios Sociales débiles para la mayor crisis social

El gasto público en servicios sociales respecto al PIB regional es del 1,98% y no alcanza los máximos registrados en 2012 con 2,02%

Redacción 26-5-2021

El Índice DEC, elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, es el único estudio que, desde 2012, trata de medir y evaluar el desarrollo de las estructuras y presupuestos de un sistema, los Servicios Sociales que atienden las necesidades de más de 8 millones de personas.

En el intervalo entre la crisis de 2008 y la que ha provocado la pandemia del covid19 en 2020, los servicios sociales se han ido recuperando. Seis comunidades mejoran su puntuación respecto a la aplicación anterior (año 2018), destacando la Comunidad de Valencia, con un incremento de 1,35 puntos. También Navarra (+0,75), País Vasco (+0,75), Extremadura (+0,55), Aragón (+0,50), y Andalucía (+0,35).Los 11 restantes empeoran su resultado. Las que mayor retroceso registran son Cantabria (-0,55), Canarias (-0,35), Cataluña (-0,25), Galicia (-0,25) y La Rioja (-0,25). Madrid sigue siendo la comunidad con peor calificación de sus servicios sociales en 2020.

Grandes diferencias

Según el estudio, siguen existiendo extraordinarias diferencias entre territorios, que suponen una gran desigualdad de oportunidades reales para hacer efectivos derechos muy básicos de las personas, en función de su lugar de residencia.

Otra conclusión que confirma la aplicación del Índice DEC, año tras año, es que el éxito en el desarrollo de los servicios sociales no solo tiene que ver con el mayor o menor esfuerzo económico que realizan las administraciones públicas.

En un momento tan crítico como el actual, se agudiza la inoperancia del sistema por sobrecarga de gestión: la burocracia contra las personas. Lejos de mejorar, la complejidad burocrática y los trámites farragosos se han incrementado, y constituyen auténticas barreras que dificultan que las personas puedan hacer uso efectivo de las prestaciones y servicios sociales cuando más los necesitan.

Según el estudio, las administraciones se están alejando de la ciudadanía y los servicios sociales vuelven a una deriva asistencialista, ya que, ante la incapacidad de los servicios públicos para responder con agilidad y eficacia a las necesidades

Así, el Ingreso Mínimo Vital, la gran esperanza para el sector y, especialmente, para tantos cientos de miles de familias en situaciones de extrema precariedad económica, pierde en gran parte su potencialidad por la falta de procedimientos ágiles y la exigencia de complejos e incomprensibles requisitos, que hace que tres de cada cuatro solicitudes hayan sido rechazadas.

Procedimientos complejos

En el caso de la dependencia, además de la debilidad de su financiación, los procedimientos farragosos son, en gran medida, la causa de que se mantengan decenas de miles de personas en el limbo de la valoración o de la atención, y que muchas de ellas fallezcan sin ser atendidas.

También los procedimientos innecesariamente complejos son la causa de que muchas personas desistan de solicitar ayudas a los servicios sociales de las entidades locales para atender sus necesidades más básicas, y lo hagan a entidades del Tercer sector, que pueden ofrecer respuestas más inmediatas a situaciones que así lo requieren, como comer, pagar el alquiler o gastos de la vivienda.

Según el estudio, incluso estamos viviendo la vergüenza de que los propios servicios sociales municipales “deriven” a sus usuarios a estas entidades privadas, ante la evidencia de que con sus procedimientos son incapaces de responder a necesidades tan básicas con la agilidad que se precisa.

Consumidos por la burocratización, incapaces de encontrar procedimientos ágiles para responder a las necesidades básicas de la población, la deriva asistencialista se consolida, y en lugar de avances en los derechos sociales vemos, cada vez más, brotes benéficos en nuestra sociedad

Relacionadas