Polémicos requisitos para acreditar las residencias
E, Moreda 24-1-2022
Con el objetivo de mejorar los estándares del modelo de gestión residencial y avanzar hacia uno basado «en la dignidad de trato y ejercicio de derechos” de las personas mayores en residencias, según informa Luis Barriga, director general del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha lanzado una batería de requisitos que deben cumplir las residencias para ser acreditadas.
Sin embargo, estas propuestas desarrolladas en el borrador del Acuerdo sobre Criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) han encontrado un fuerte rechazo por parte del sector residencial, mientras el Ejecutivo dice querer negociarlas con sindicatos, patronal, comunidades autónomas y organizaciones para aprobar el polémico documento durante el primer trimestre de este 2022. El debate está servido.
Uno de los principales puntos de fricción es el relativo al tamaño de los centros, ya que se limita la capacidad de las nuevas residencias que quieran ser acreditadas para recibir fondos de ayuda a la dependencia a 50 plazas. Además, obliga a las que tengan más residentes a adecuarse, bien dividiendo sus instalaciones, o bien convirtiendo las habitaciones dobles a individuales.
Las personas residentes deberán contar con espacios que «preserven debidamente su intimidad (habitación y baño) y de espacios de convivencia en el centro, que deben ser configurados como módulos o unidades de convivencia” y “podrán personalizar al máximo sus habitaciones para que se pueda garantizar un funcionamiento tipo hogar», recoge el borrador.
Asimismo, el texto plantea la obligatoriedad de ubicar las residencias en suelo urbano o contar con una buena red de conexiones con todo tipo de servicios por transporte público y disponer de un mínimo de recursos humanos, materiales y de equipamientos de calidad que serán evaluados periódicamente. Para ello, las comunidades autónomas deberán contar con un inspector por cada 30 residencias.
Ante estas medidas, la mayoría de los operadores del sector han mostrado su rechazo porque, según afirman, no tiene nada que ver el tamaño de la residencia con la calidad de la atención y porque es inviable económicamente, entre otras razones
Rechazo a la limitación de plazas
Entre los detractores del acuerdo, se encuentra el Circulo Empresarial de Atención a las Personas (CEAP’s) para los cuales “la construcción de centros de no más de 50 plazas supone la imposibilidad de hacer sostenible el servicio y resulta imposible con la actual financiación”, explica Marina del Corral, directora general de la organización, quien también critica la falta de un plan de financiación, un análisis del impacto económico y un estudio de la oferta de plazas.
“No parece viable e igualmente pone en riesgo la inversión privada en la construcción de nuevas residencias y cuestionaría la viabilidad de cualquier inversión pública”, puntualiza, del Corral.
Además, para CEAP’s tampoco es coherente el resto de la propuesta. “Por ejemplo, cuando proponen mantener enfermeros cuando haya más de 30 personas/plazas. Hay que tener en cuenta que las personas no son plazas. De hecho, la ocupación oscila”, demanda.
La inviabilidad económica de residencias con 50 plazas también es defendida, entre otras entidades, por la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE), la Federación Empresarial de la Dependencia (FED) y la Asociación Galega do Sector da Dependencia (AGASEDE), que, según su presidente, Carlos Dosil “hay residencias de 90 plazas que funcionan muy bien y otras de 20 que no lo hacen. Consideramos que hay que huir de modelos macro de más de 200 plazas por razones obvias, pero no hay que limitarse a un número exacto, si tuviéramos que decantarnos subiríamos el número máximo de plazas a 100”.
Por otra parte, Vicente Botella, presidente de la Unión de pequeñas y medianas residencias geriátricas (UPIMIR) explica que están de acuerdo con que “el modelo de centros debe ser replanteado” y que en este sentido, son cuestiones básicas el tamaño y la proximidad.
“Estamos mayoritariamente de acuerdo con la premisa de limitación de la capacidad y no masificar un colectivo que justamente precisa de todo lo contrario, con unos estándares de calidad que no se basan en el tamaño sino en la excelencia en la atención a los más frágiles”, señala Vicente Botella.
Otras críticas a las propuestas del Ejecutivo
Respecto a la implantación de los polémicos requisitos, Botella propone “pactar de forma uniforme periodos de moratoria y posibilidades de no destruir centros actuales, empleo y plazas asistenciales, del todo imprescindibles, así como la necesidad de unas líneas de actuación acordadas entre administración y empresas. No es una cuestión solo de tarifas sino también de esfuerzo y mucho trabajo, no podemos permitirnos pifiarla o caer en manos de nuevo de grandes corporaciones especuladoras y con un desconocimiento del sector en base a unos resultados de la cuenta de explotación.”
Sobre la obligatoriedad de ubicar las residencias en suelo urbano, el presidente de AGASEDE defiende que aunque la población española tiende a concentrarse en grandes núcleos urbanos, esto no debe ser impedimento para que las zonas más rurales dispongan de recursos en sus áreas. “De esta manera repercutirá en un aumento de la riqueza de esa zona rural con la creación de puestos de trabajo, así como de una economía circular de beneficio para todos. En Galicia la población es muy dispersa y en muchos casos, para las personas mayores el abandonar esa zona rural supone un trauma para ellas”.
Otro de los aspectos que desarrolla Carlos Dosil es referente a los ratios de profesionales. “Si el número de plazas baja, también disminuirán los ingresos y los profesionales de atención directa como médicos, porque los terapeutas, psicólogos etc., vamos a tener que mantenernos igual”. Respecto a la exigencia de crear habitaciones individuales, considera que “no debe ser obligación, ni estar legislado puesto que la experiencia dice que en muchos casos una persona institucionalizada desea voluntariamente compartir el cuarto con una compañera”.