El Consejo Territorial da luz verde al cambio de modelo de cuidados impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030
Redacción 29-6-2022
El Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia acaba de aprobar el ‘Acuerdo para mejorar la calidad de las residencias y el Sistema de Atención a la Dependencia’ .
La nueva estrategia, que fija un plazo de transición hasta 2030, reduce las plazas de los centros de mayores. Los que se construyan tras el acuerdo no podrán tener más de 75 plazas en zonas rurales o poco pobladas, mientras que los ubicados en poblaciones de densidad intermedia no podrán superar 120.
Para las existentes, el acuerdo establece «unidades de convivencia» con un máximo de 15 personas, y un espacio común para preparar comidas y disponer de un comedor y sala de estar.
El acuerdo plantea impulsar la teleasistencia y la atención a domicilio para las personas mayores para que puedan permanecer con apoyos el mayor tiempo posible en sus domicilios.
El acuerdo para mejorar la calidad de las residencias y de todo el sistema de dependencia, expuso la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, permite que «desde hoy, miles de persona en nuestro país mirarán a su futuro con esperanza y certidumbre. A partir de hora las residencias tendrán que parecerse mucho más a un hogar”.
Además, Belarra también tuvo palabras de agradecimiento para el secretario de Estado, Nacho Álvarez, y a las entidades del tercer sector y expertos que han formado parte de este acuerdo. Asimismo, añadió Belarra, en los próximos años el ministerio trabajará para incrementar la ratio de trabajadores que atienden a los mayores en residencias, de manera que llegue a haber un trabajador por cada dos personas atendidas. “Además, establecemos la atención libre de sujeciones, eliminando una práctica que, en mi opinión, no puede tener cabida en un país democrático”, concluyó.
Patronales, en contra
Las patronales Aeste, Asade, Ceaps y FED, así como la asociación Artercam, no dieron su visto bueno al acuerdo y solicitaron la realización de una memoria económica que justificara y «diese sentido un cambio radical en el sistema de cuidados tal y como se pretende».
Los profesionales se lamentaron de que “este modelo es inviable y que desde las empresas que trabajamos por y para las personas no entendemos que se hable de cambio de modelo sin que se realice primero una reestructuración de la financiación, que supondría una merma significativa de oferta de plazas que ya está en un punto crítico sin poder atender la lista de espera y consecuentemente de empleos en las residencias”.