El Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales 2022 (Índice DEC) es una evaluación que realiza cada año la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales sobre el sistema público de protección social
Redacción 11-9-2023
Los servicios sociales mejoraron en 2022 en 12 autonomías, aunque las administraciones han ralentizado el gasto que dedican a estas prestaciones y siete comunidades lo hacen de manera «débil» o incluso «irrelevante». Así lo refleja el Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales 2022 (Índice DEC), una evaluación que realiza cada año la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales sobre el sistema público de protección social que se ha presentado en Madrid.
El presidente de la asociación, José Manuel Ramírez, ha destacado que las dos comunidades que más han avanzado en servicios sociales han sido Canarias y la Comunidad Valenciana. “Es la herencia que reciben dos gobiernos autonómicos que han cambiado tras las elecciones. El año pasado ascendieron en la clasificación hasta alcanzar un 5,09 en Canarias y un 4,9 en la Comunidad Valenciana”, ha apostillado Ramírez.
Asturias es la cuarta comunidad autónoma con mayor desarrollo de su sistema de servicios sociales, por detrás de Navarra, Castilla y León y La Rioja, y ha mejorado su índice al pasar del 5,67 en 2021 al 6,25 el año pasado. Según el estudio, a nivel global la calificación de Asturias registra una mejora tras dos años de retroceso, y queda solo a una décima de su mejor registro, que ha sido de 6,35 puntos en los años 2013, 2014 y 2018.
La mejora se registra especialmente en la ordenación del sistema, y en la cobertura efectiva de prestaciones y servicios, mientras que sigue descendiendo la relevancia económica.
El balance muestra, además, que en 2022 los servicios sociales retrocedieron en Baleares, Andalucía, Cantabria, Castilla-La Mancha y Cataluña, mientras que aumentaron en Navarra, Castilla y León, La Rioja, Asturias, País Vasco, Extremadura, Aragón, Galicia, Canarias, Comunidad Valenciana, Madrid y M
Deterioro de los servicios sociales dirigidos a las personas mayores
El estudio registra un estancamiento en los servicios sociales dirigidos a las personas mayores, o incluso un retroceso tras la pandemia.
Las plazas residenciales públicas apenas aumentan desde 2019 (incremento porcentual de sólo 6 centésimas). Pero es sobre todo en los servicios domiciliarios (ayuda a domicilio, teleasistencia) y en los centros de estancias diurnas donde el deterioro de la oferta de servicios sociales para personas mayores es más acusado, lo que hace difícil que se puedan llevar a cabo las estrategias de desinstitucionalización que se están impulsando desde las administraciones. Desde 2014 los centros de día van reduciendo lentamente su escasa cobertura (1,10% en 2014, 1,05% en 2021)
El servicio de ayuda a domicilio mantiene una cobertura del 5% desde el año 2018, mientras que su intensidad sigue por debajo de 20 horas mensuales.
Por último, la teleasistencia domiciliaria va reduciendo su cobertura desde 2018, y ya son menos del 10% de las personas mayores de 65 años quienes la reciben.
Desmantelamiento de los recursos para la inserción social
La implantación del Ingreso Mínimo Vital (2020/2021), destinado a cubrir carencias económicas de personas y familias, habría permitido a las comunidades autónomas, según el estudio, destinar todos los recursos de sus Rentas Mínimas de Inserción a llevar a cabo procesos de inclusión social con personas y familias en situaciones de exclusión. Sin embargo, los aproximadamente 1.500 millones de euros de las Rentas Mínimas no se han destinado a esta finalidad. Muchas comunidades han desmantelado sus RMI, y han dedicado sus recursos a otras partidas diferentes a los servicios sociales.
En 2020 había en España 794.567 personas que percibían las RMI, el 9% de las personas bajo el umbral de la pobreza; en 2021 eran 644.136, el 7,7%: 150.431 personas menos (-19%). 13 comunidades han reducido los perceptores de sus RMI, mientras que sólo cuatro los han aumentado; esta es la evolución, en porcentaje, de los perceptores de las RMI en cada comunidad en 2021 respecto a 2020:
| Castilla-La Mancha | -62% | Cantabria | -37% | País Vasco | -6% |
| C. de Murcia | -54% | Aragón | -31% | C. Valenciana | +8% |
| C. de Madrid | -44% | Extremadura | -20% | Navarra | +10% |
| Baleares | -42% | Cataluña | -18% | Canarias | +19% |
| Castilla y León | -42% | Asturias | -10% | La Rioja | +56% |
| Andalucía | -38% | Galicia | -9% |
Se ralentiza el gasto que las administraciones dedican a servicios sociales
Según el estudio, desde 2014 se incrementa el gasto que realizan las administraciones públicas en servicios sociales. No obstante, en 2021, último del que existen datos oficiales del presupuesto liquidado de las administraciones, se aprecia una ralentización de ese crecimiento, con un incremento de sólo un 3,5% respeto al año anterior (+15,8 €). El porcentaje del PIB que supone el gasto en servicios sociales públicos fue 1,82% en 2021, seis centésimas menos que hubieran supuesto casi 1.000 millones de euros más, de haberse mantenido el porcentaje del año anterior.
Aunque en 2021 la participación de las comunidades autónomas en la financiación del sistema, aumentó más de dos puntos, la tendencia desde 2012 es claramente decreciente: ese año suponía un 85,3%, y en 2022 un 71,8%, 14,5 puntos menos. Este retroceso se produce incluso teniendo en cuenta el incremento de financiación por parte del Ministerio de Derechos Sociales en materia de dependencia, que repercute en el presupuesto de las comunidades. Lo que sugiere que algunas (11, según el Observatorio de la Dependencia) han utilizado ese incremento de financiación estatal para reducir sus propias aportaciones, en lugar de ofrecer más y mejores prestaciones y servicios a la ciudadanía.
Grandes diferencias entre comunidades
Año tras año se constatan las grandes diferencias entre territorios, que suponen una gran desigualdad de oportunidades reales para hacer efectivos derechos muy básicos de las personas, en función de su lugar de residencia.
Sin considerar las comunidades con régimen foral, como el País Vasco, con 1.007 € de gasto por habitante en servicios sociales, el estudio encuentra diferencias tan importantes como Extremadura, con 561 €, un 65% más que en Murcia, con 340 €. El porcentaje del PIB regional que las administraciones públicas del País Vasco destinan a Servicios Sociales (3,1%), o Canarias (2,6%), triplican el que destinan las Administraciones Públicas de la Comunidad de Madrid, con solo el 1,0%.
Estas diferencias de gasto se manifiestan en la cobertura de prestaciones y servicios en los diferentes territorios.
Estos son algunos ejemplos:
El número de habitantes por profesional en los servicios sociales comunitarios de Canarias (3.241) es casi cinco veces superior a Navarra (689). El % de plazas residenciales públicas para personas mayores es 4,4 veces superior en Castilla y León (5,96%) que en Valencia (1,15%). La Comunidad de Madrid, con 8,96%, ofrece una cobertura 17 veces mayor de ayuda a domicilio que Extremadura (0,53%). Y mientras La Rioja ha incrementado un 56% los perceptores de sus Rentas Mínimas de Inserción tras la implantación del IMI, Murcia los ha reducido un 62%.
El aspecto donde se ha logrado igualar a todas las comunidades es que desde 2022 todas ellas cuentan con una Ley de Servicios Sociales de nueva generación, tras la aprobación de la ley de la Comunidad de Madrid.