El acceso a dicha autoridad es gratuito para los usuarios y podrán acceder a él de manera presencial o por medios electrónicos sin necesidad de abogado ni procurador
Redacción 11-4-2022
La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP), el movimiento más representativo a nivel estatal (con 15.079 asociaciones y más de 5.746.000 afiliados) para la defensa de los derechos de las personas mayores y pensionistas ante los poderes públicos, privados y el conjunto de la sociedad, ha manifestado su “satisfacción” ante el “avance significativo”, en cuanto a la resolución de sus reivindicaciones, que supone la aprobación por el Consejo de Ministros del anteproyecto de ley de creación de la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero.
Uno de los principales objetivos de dicha campaña que viene realizando PMP desde hace meses es la consecución de un nuevo marco legal que proteja los derechos de las personas mayores en los servicios de atención tanto privados como públicos. El nuevo anteproyecto de ley aprobado es uno de los desarrollos legislativos que la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, se había comprometido a completar y aprobar incluyendo las medidas que la PMP ha venido reclamando respecto a la brecha digital y la exclusión financiera que afectan a las personas mayores.
Este anteproyecto de ley supone la creación de la autoridad que se encargará de resolver las reclamaciones de los clientes que no hayan quedado satisfechos con la atención y la respuesta que le hayan dado los servicios de atención al cliente de sus entidades financieras. El acceso a dicha autoridad es gratuito para los usuarios y podrán acceder a él de manera presencial o por medios electrónicos sin necesidad de abogado ni procurador.
Para financiar este mecanismo, las entidades financieras tendrán que pagar una tasa fijada inicialmente en 250 euros por cada reclamación, con lo que se quiere incentivar que los servicios de quejas y reclamaciones de las propias entidades financieras resuelvan los conflictos de los ciudadanos de manera ágil. Además, el anteproyecto de ley también contempla, en completa sintonía con las reivindicaciones de la PMP, un cuadro de sanciones, dado que las entidades que incumplan las resoluciones vinculantes serán sancionadas con una multa. Incluye además un elemento de desincentivo del recurso a los tribunales cuando la entidad financiera no esté de acuerdo con la resolución que acuerde la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero.
Eficiencia en la resolución de conflictos
Además, la nueva figura viene a unificar los servicios de reclamaciones que existen del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) para aumentar la eficiencia en el funcionamiento de estas entidades de resolución de conflictos. Así, en el ámbito de esta autoridad estarán incluidos no solo los productos bancarios, sino también los de seguros, los del mercado de valores o los nuevos productos financieros complejos como los criptoactivos.
El nuevo anteproyecto de ley se someterá a audiencia pública durante cinco semanas para después aprobar el Consejo de Ministros el proyecto de ley que previsiblemente se adoptará en la segunda mitad de 2022.